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La audiencia provincial confirma la sentencia que condenaba a prisión a la ex-concejala socialista d


El recurso de apelación ha sido desestimado en todos sus extremos y se condena a la Ex-concejala Socialista a un año de prisión y a indemnizar a la Trabajadora con 35.610,96 €


La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, a través de la SENTENCIA Nº 00471/2016, contra la que no cabe recurso alguno, ha confirmado en todo sus extremos la que dictó el Juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm que condenaba a la Ex- Concejala Socialista de Bienestar Social, Isabel M. P., que formó parte del Equipo de Gobierno del actual Diputado Provincial D. Agustín Navarro (Hoy Investigado por la trama de los enchufes), por un delito de Acoso Laboral sobre la Coordinadora del Departamento de Bienestar Social, afiliada y representante electa del SPPLB.


La Audiencia Provincial ratifica como hechos probados que la acusada, desde Septiembre de 2009 (Moción de censura), de forma continuada y sin justificación laboral, ordenó una serie de acciones y tomó parte en una serie de decisiones que afectaban directamente a la Coordinadora de Bienestar Social en su ámbito profesional. Acciones y decisiones que abarcaban desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía por razón del cargo, hasta incluso ser apartada de la dirección y Coordinación de los Centros Sociales. Como consecuencia de estos hechos, la Coordinadora de Bienestar Social sufrió una serie de lesiones para las que necesitó asistencia facultativa, tratamiento médico e incluso estuvo impedida casi un año para poder desempeñar sus ocupaciones habituales.


La funcionaria afectada, Coordinadora de Servicios Sociales, fue trasladada a otras dependencias por orden del Ex- Concejal de RR.HH, D. Juan Ramón Martínez, siendo desalojada del despacho que ocupaba en la Concejalía y trasladada a otro Centro Social donde se encontró con un despacho que no reunía los elementos y herramientas necesarias para posibilitar el correcto y completo desempeño de sus funciones y tareas profesionales, en concreto, se le había habilitado especialmente para ella una mesita y cuatro sillas infantiles para pasar su jornada laboral. “ El descenso de categoría de la empleada se concretó por la vía de los hechos, con vaciado total de competencias, de todo a nada, sin despacho, sentada en una silla de niño escolar junto a la mesa del Director de ese centro social, sin acceso a herramientas electrónicas, ni biblioteca, ni expedientes, ni historiales. Le cortó toda comunicación con el resto de Funcionarias que habían sido sus subordinadas”.


Este caso de moobing, en el que ha actuado ejerciendo la acusación particular la letrada Dña. Cecilia Morote, fue desvelado en su momento por el SPPLB, quien denunció públicamente la conducta impropia de la Ex concejala contra su afiliada y representante electa. Según el Secretario Local, Francisco A. González: “lo que sucedió en el Ayuntamiento de Benidorm y más concretamente en el despacho de la funcionaria Coordinadora del Área, afiliada y Representante electa del Sindicato Profesional, supuso una horrible pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático que solamente perseguía el vaciado total de competencias y funciones de la que era y es la funcionaria con mayor responsabilidad en el Área, con un solo y claro objetivo, apártala porque molestaba y suponía un obstáculo para sus pretensiones”.


La Justicia es justa y, por todo ello, la Audiencia Provincial ha desestimado, en todos sus extremos, el recurso de apelación, ratificando el fallo y condenando a la Ex-concejal Socialista a un año de prisión y al Ayuntamiento de Benidorm (Como responsable civil subsidiario) a indemnizar a la representante del SPPLB por las lesiones sufridas con 35.610,96 €. En este sentido, se hace constar que en caso de que el Ayuntamiento abone la totalidad o parte de la indemnización, éste podrá proceder a su repetición contra la condenada. Desde el SPPLB, se ha exigido al Ayuntamiento de Benidorm que dicte las órdenes oportunas para que la Ex-concejala socialista condenada, devuelva la totalidad de la cantidad a las arcas municipales. “Los ciudadanos de Benidorm y las arcas municipales no tienen porque pagar las maniobras de acoso, linchamientos, cacerías y hostigamientos que efectuaron contra una trabajadora”.


Para terminar, desde el SPPLB, han lamentado que un partido político Socialista y Obrero tenga que recurrir constantemente a estas maniobras de acoso y derribo contra el Sindicato Profesional y todo lo que le rodea, por haber denunciado ante la Fiscalía Provincial las contrataciones irregulares. “Sin embargo, aquí seguimos y seguiremos confiando en la Justicia, defendiendo los intereses de todos los empleados municipales, ejerciendo la acusación particular, ahora mas férreamente, si cabe, en el caso de los supuestos casos de enchufismo aunque para ello tengamos que aguantar las manipulaciones e injusticias provenientes de los que lo tienen todo perdido”. Apostilló González.



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